Santiago de Querétaro, Qro., 27 de febrero de 2026. — El Congreso del Estado aprobó una reforma a la Ley Orgánica Municipal para incorporar la perspectiva de género en la justicia cívica municipal, medida impulsada por la diputada Adriana Meza, quien subrayó que no se trata de una postura ideológica, sino de cumplir con un mandato constitucional.
La Constitución establece que todas las autoridades deben garantizar los derechos humanos y la igualdad entre mujeres y hombres. En ese sentido, la reforma busca que, desde el primer contacto con la autoridad, las mujeres reciban un trato digno, libre de estereotipos y sin revictimización.
La justicia cívica representa el primer encuentro de la ciudadanía con el Estado, y muchas mujeres llegan en contextos de desigualdad o vulnerabilidad. Por ello, la reforma obliga a policías y jueces cívicos a actuar con profesionalismo, reglas claras y perspectiva de género, reduciendo la discrecionalidad y fortaleciendo la actuación institucional.
“Garantizar igualdad no es una opción política, es un mandato constitucional. Las leyes deben proteger a quienes más lo necesitan”, afirmó la legisladora.
Con esta aprobación, Querétaro avanza hacia una justicia más humana, responsable y cercana, donde el respeto a los derechos de las mujeres es una prioridad.
Santiago de Querétaro, Qro., 27 de febrero de 2026. — En sesión de Pleno de la LXI Legislatura, presidida por la diputada Georgina Guzmán Álvarez, se guardó un minuto de silencio en memoria de los elementos de las Fuerzas Armadas fallecidos en el operativo contra Nemesio Oseguera.
Santiago de Querétaro, Qro., 28 de febrero de 2026. — Como parte del trabajo territorial del proyecto de municipalización, el diputado Ulises Gómez de la Rosa visitó la comunidad de Buenavista, donde entregó información a vecinas y vecinos y resolvió dudas sobre el proceso que busca convertir a Santa Rosa Jáuregui en municipio.
Santiago de Querétaro, Qro., 1 de marzo de 2026. — El diputado Eric Silva Hernández celebró desde la tribuna de la Legislatura local que los académicos señalados por un supuesto desvío de 320 millones de pesos durante la rectoría de Gilberto Herrera Ruiz demostraron su inocencia ante la justicia federal, cerrando la carpeta de investigación y sobreseyendo el caso.